Gestion Emprendedora

Conozca cómo legalizan sus ‘ingresos’, terroristas, ‘narcos’, contrabandistas, extorsionistas, secuestradores y traficantes de armas y de personas. Las estrategias de esos delincuentes están en la mira de investigadores tanto de agencias nacionales como multilaterales; precisamente, uno de ellos cuenta las modalidades más comunes que usan los grupos al margen de la ley. Según el Fondo Monetario Internacional, “en el mundo se ‘lavan’ entre 590 millardos y 1,5 billones de dólares obtenidos de actividades ilegales. En un año, el dinero que se legaliza puede llegar al menos a una cifra equivalente al valor de la producción total de una economía del tamaño de España”.

Especulación inmobiliaria, la opción más usada

Los sectores de alta valorización son los sitios preferidos de los compradores ficticios. Por ejemplo, ellos acuden a una notaría para protocolizar la escritura de compraventa de un edificio en regular estado físico que se pacta en mil millones de pesos, cifra que el comprador paga con un cheque personal.

Al poco tiempo, el comprador vuelve a la notaría para vender el mismo edificio pero por 2.500 millones y justifica el inusitado incremento con la remodelación y la valorización (por estar en una zona de alto desarrollo comercial). El negocio se paga con un cheque y aparenta ser legal.

Lo que sucede, en realidad, es que el comprador inicial, en complicidad con el propietario del edificio, conviene en realizar la compraventa del inmueble por 1.500 millones de pesos y declarar como valor de venta lo acordado en el documento, es decir, 1.000 millones de pesos (cancelados con un cheque) y el saldo (500 millones de pesos) lo paga en dinero en efectivo.

El nuevo propietario inicia la remodelación del edificio tasándola en 1.000 millones, pues, gracias a la complicidad o aprovechando el desconocimiento de los dueños de depósitos de materiales para construcción, subfactura el valor de los insumos y cancela en cheque.

De igual forma, convence o engaña a los obreros pagándoles en cheques por valores superiores a los valores reales de los contratos.

Así, el comprador aparentemente ‘honrado’ logra lavar activos provenientes de actividades ilícitas por 2.000 millones de pesos: 1.500 millones en la diferencia del valor de compra y reventa del inmueble y otros 500 millones en la sobrefacturación del trabajo de los obreros y la subfacturación de los materiales de construcción.

De igual forma, al registrar la venta por 1.000 millones de pesos -cuando en realidad fue por 1.500- el Estado ha dejado de percibir impuestos sobre quinientos millones de pesos. Además de lavar activos, se incurre en evasión de impuestos.

¿Exceso de ventas anuladas?

Comprador y vendedor protocolizan, por ejemplo, la escritura de compraventa por 1.000 millones de pesos con la intermediación de un ‘inmobiliario’ que, además, actúa como testigo de la operación.

Dentro de las condiciones de la venta se pacta diferir el pago en tres cheques y, en caso de incumplimiento de alguna de las partes, hay una sanción o multa del 20 por ciento del valor del inmueble.

Vencido el plazo para el pago del primer cheque, las partes se presentan de nuevo a la notaría para modificar el documento pues el comprador ha incumplido y debe cancelar la multa estipulada.

Dado su interés por el inmueble, el comprador solicita un nuevo plazo que el vendedor acepta, con la condición de aplicar una nueva sanción en el caso de incumplimiento.

Al vencerse el nuevo el plazo de pago, el comprador desiste de la compra del inmueble -aduciendo iliquidez- pero acepta pagar la multa. Tiempo después, el ‘inmobiliario’ regresa a la notaría con el propietario del inmueble en cuestión y un nuevo comprador para el mismo.

Lo que sucedió en realidad es que comprador, vendedor y e ‘inmobiliario’ son cómplices en una operación que tiene por objeto dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos ilícitamente, por medio de la compra venta de un inmueble. Al anular la venta, el mismo inmueble sirve para realizar la operación varias veces en diferentes notarías.

El lavador de activos que oficia como vendedor logra recaudar 400.000 millones de pesos por sanciones, dinero que queda disponible para ser invertido en actividades lícitas dentro del sistema financiero. Además, queda en disposición de realizar nuevas operaciones para su beneficio.

Empresas quebradas ¡en oferta!

El agobiado propietario de una empresa al borde de la quiebra acude a una notaría para formalizar un convenio porque ha encontrado un socio capitalista interesado en invertir 500 millones de pesos en su negocio para sacarlo ‘a flote’.

El inversionista inyectará esa suma en dinero efectivo y se convertirá en propietario de la mitad de la empresa. Días más tarde, y ante la asombrosa recuperación económica del negocio, el socio capitalista decide comprar el otro 50 por ciento -de propiedad del socio fundador- por 1.000 millones pagando con un cheque.

Así, el inversionista resultó siendo el único propietario único de la empresa que, poco tiempo después, encuentra a otro comprador interesado porque tiene otra empresa del ramo.

Este nuevo empresario está dispuesto a pagar 2.000 millones de pesos para dominar el mercado correspondiente. Realizada la operación de venta, la empresa que estuvo al borde de la quiebra se fusiona con otra.

La situación real es que propietario y socio capitalista son cómplices. El primero necesita deshacerse de una empresa en quiebra y al segundo le urge ‘lavar’ el dinero, por eso se valen de una operación de compraventa para después realizar la fusión con otra empresa.

En resumen, el socio capitalista nunca pagó el dinero pactado porque no le interesa invertirlo en una empresa quebrada. Efectivamente pagó una comisión por el silencio del empresario quebrado y así lavó 500 millones de pesos.

El pago por la compra de la segunda mitad de la empresa también fue ficticio, aunque pagó una comisión al verdadero dueño. En esta fase de la operación se logra lavar otros 1.000 millones de pesos.

Por último, encuentra un cómplice que -por una pequeña suma de dinero y bajo la condición de no pagar alguno de los impuestos correspondientes- acepta realizar la fusión y en esta etapa logra lavar otros 2.000 millones de pesos.

Al final, el socio capitalista ha conseguido lavar un total de 3.500 millones de pesos, que quedaron listos para invertir en diversos productos del sistema financiero.

Cuando el problema les queda a los vecinos

“Las burbujas inmobiliarias son un problema que, a mediano plazo, afecta a toda la comunidad que reside o usa el bien y, muchas veces, los compradores de buena fe no son concientes de eso”, explica Juan Pérez*, experto internacional en técnicas para detectar lavadores de activos ilícitos.

Además de alertar sobre el problema que genera comprar o vender bienes a personas de dudosa o desconocida procedencia, Pérez hace un análisis de las crisis que pueden afrontar las familias que, por desconocimiento, terminan enredadas en los negocios donde también participan delincuentes.

“Los precios de los inmuebles se alteran hasta el punto que, prácticamente, sólo los ‘narcos o paracos’ tienen la capacidad adquisitiva para comprar a cualquier valor.

Sin embargo, algunas familias con mucho esfuerzo reúnen sus ahorros o venden otros bienes para invertir en lujosos condominios buscando mejorar su calidad de vida.

“Cuando se ‘rompe’ la burbuja, se dan cuenta de que pagaron por los bienes más de lo que realmente valían, además de encontrar que casi todos los vecinos son extraditables.

“El problema grande llega cuando el Estado hace extinción del dominio y remata los bienes a cualquier precio, entonces el edificio que inicialmente era exclusivo y dotado de múltiples zonas recreativas resulta casi en ruinas ante la falta de pagos de cuotas de administración y ocupado o invadido por gente de varios estratos.

“Entonces, la familia no tiene otra opción que vender el inmueble que le costó una fortuna por un valor irrisorio solo para poder salir del entorno que les tocó vivir”, concluye.

*Nombre cambiado por razones de seguridad.

Así los capturan

Los notarios y los bancos están obligados a reportar mensualmente tanto las operaciones sospechosas como las transacciones en efectivo por más de 10 millones de pesos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda.

Aunque Colombia tiene una de las mejores legislaciones del mundo y es pionera en métodos de análisis en lavado de activos (capacita a otros países Latinoamericanos) aún necesita coordinación e intercambio oportuno de información entre entidades.

Comparar la historia tributaria con todos los bienes muebles e inmuebles es fundamental para detectar un incremento patrimonial injustificado. El problema es que como la consulta no se puede hacer en tiempo real, muchas veces los funcionarios públicos se tardan dos meses en responder un oficio, lo que les da tiempo a los delincuentes para ?enterarse? y transferir los bienes antes de cualquier acción legal.

Lo más preocupante es que en algunos lugares de Colombia -casualmente en las zonas de mayor influencia de los cultivos ilícitos- la información del propietario aún se maneja manualmente.

Fuente: Economía hoy, Portafolio.com