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Pero unas semanas más tarde, una firma legal contratada por Home Depot comenzó a enviarle cartas pidiendo primero US$3.000, luego un total de US$6.000, implicando que lo demandarían si no pagaba.

En una batalla cada vez más feroz contra el robo, los minoristas estadounidenses están persiguiendo a cualquiera
sospechoso de hurto en sus locales, dando sus nombres a abogados y firmas de cobranza que persiguen a los presuntos ladrones para cobrarles fuertes multas y luego repartir lo obtenido con la tienda.

El sistema, que los minoristas llaman “civil recovery” (algo así como recuperación civil), tiene poca supervisión y se basa en unas leyes especiales aprobadas en 50 estados de Estados Unidos. Sin pruebas del robo, los minoristas piden dinero, a menudo US$200 aunque algunas veces mucho más, y prometen evitar una demanda si se paga rápidamente. Las leyes varían según el estado, pero en general, los minoristas pueden pedir estas sumas incluso si el artículo en cuestión tenía un valor muy inferior y se recuperó rápido y volvió a su lugar en la tienda.

Las leyes tienen el objetivo de compensar a los minoristas por el dinero que deben invertir en asegurar sus tiendas contra la delincuencia y recuperar parte de las pérdidas cuando no atrapan a los ladrones, dice Neal Tenen, fundador de Civil Demand Associates, firma especializada en recuperación civil. Los minoristas estadounidenses perdieron más de US$40.000 millones en robos en 2006, lo que equivalió a un 1,6% de las ventas minoristas y se incrementó US$3.000 millones con relación a 2005, según la Federación Nacional de Minoristas, un grupo comercial.

Pero la gente describe un proceso humillante e intimidatorio, que los obliga a contratar a un abogado para defenderse, un paso costoso que pocos pueden dar. Una vez que el nombre de alguien llega a una agencia de cobro, es acosado con cartas y a menudo llamadas telefónicas, las cuales hablan de demandas y visitas de la policía y a veces multiplican la multa agregando costos legales de “pre-litigio”.

Los defensores del proceso dicen que, además de ayudar a las tiendas a recuperar una pequeña parte de sus costos de seguridad, reduce el litigio y la acumulación en las cortes al permitir que los casos de robo en las tiendas se resuelvan sin medidas legales.

Este objetivo es evidente en la manera en que están escritas las leyes. Muchas no sólo autorizan a los minoristas a exigir dinero a los supuestos ladrones sino que estipulan que las minoristas deben hacer dicha exigencia antes de presentar una demanda.

Pero este primer paso legal se ha convertido en una exigencia rutinaria.

Por alguna razón, las leyes a menudo son imprecisas con respecto a contra quién debe dirigirse la demanda.

En segundo lugar, aunque las leyes califiquen la demanda como un prerrequisito previo al juicio, no dicen que los minoristas realmente deban tener la intención de demandar antes de hacer el reclamo. No hay nada que les impida reclamar dinero
a los sospechosos de robar en las tiendas incluso si no tienen la intención de llevarlos a la corte.

La recuperación civil rara vez ha enfrentado un cuestionamiento legal.

Un desafió en 1993 al proceso de recuperación civil de Ohio citaba la Ley Federal de Práctias de Cobro de Deuda Justas. Un magistrado estadounidense dijo que la ley no aplicaba porque la recuperación civil no era un intento de cobrar una deuda sino “una oferta de conciliación por responsabilidad potencial “.

En 2005, una demanda interpuesta por tres adolescentes de Pensilvania sospechosos de robar en una tienda decía que la demanda de un minorista los privaba del debido proceso. Una corte federal de Filadelfia desestimó la demanda diciendo que la ley estatal, no la federal, establece las reglas. El abogado de los adolescentes, J. Conor Corcoran, no apeló.

Los grupos minoristas comenzaron a exigir a las legislaturas estatales leyes de recuperación civil hace unas dos décadas a medida que aumentaban sus costos de robo y seguridad en las tiendas, dice Stuart Levine, presidente de otra firma de recuperación, Zellman Group. Stuart agrega que los minoristas querían leyes que les ayudaran a cubrir sus costos de seguridad igual que “cuando un policía le impone una multa por exceso de velocidad y los fondos vuelven al estado para pagar el sueldo del policía que lo detuvo en primer lugar”.

En una demanda, una madre quería saber por qué una firma legal exigía que su hijo de 14 años pagara US$475 luego de intentar robar unos lentes de sol de US$11. El chico entró en un programa que le exigía hacer servicios a la comunidad.

Sus padres incrementaron el castigo duplicando el tiempo de servicio comunitario. Pero su madre escribió al colegio de abogados: “Me parece difícil creer que se haga justicia al intentar asustar y amenazar a un joven para que devuelva dinero luego de que ha devuelto la mercancía”